JUSTICIA A DOÑA ERNESTINA

¿Por qué pedimos justicia para Doña Ernestina Ascencio?
El 25 de febrero de 2007, la señora Ernestina fue encontrada por su hija tirada en el suelo en el monte donde llevó a pastar a sus ovejas cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, del estado de Veracruz, México -región conocida como Sierra de Zongolica-. Al preguntarle en náhuatl lo que le había pasado, la señora Ernestina respondió “los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”.
En búsqueda de atención, la señora Ernestina fue trasladada primero a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encontraba cerrada, y posteriormente a un hospital regional ubicado a 20 km. Peritos en la materia, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, México (PGJ de Veracruz), determinaron que presentaba lesiones correlativas con violación sexual, lo que dio lugar al inicio de una investigación por delitos sexuales. La señora Ernestina falleció sin recibir atención, la madrugada del 26 de febrero de 2007. De acuerdo a notas de prensa y en la necropsia practicada al cuerpo doña Ernestina, se encontraron restos de líquido seminal.
En las primeras declaraciones en prensa, representantes del gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen cometido. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) manifestó públicamente también, que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército, pero que analizarían las muestras de semen encontradas en el cuerpo de la señora para ver si pertenecían a los militares que se encontraban en el campamento. Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República mexicana, Felipe Calderón, en una entrevista realizada por una periodista, adelantó la conclusión de las mismas, en el sentido de que la señora Ernestina murió de “gastritis crónica,” la cual fue secundada por la CNDH, la SEDENA y la PGJ de Veracruz, dando lugar al cierre y archivo de la investigación.
Ante tales hechos, la contradicción de las versiones públicas anunciadas sobre los mismos, y el archivo de la investigación, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron acceso a las constancias del expediente de investigación criminal utilizando el mecanismo de acceso a información pública. Sin embargo, la “versión pública” entregada por la PGJ de Veracruz ocultó las principales pruebas de la investigación. Ante lo cual, las organizaciones interpusieron los recursos legales procedentes, los cuales, a pesar de haber llegado incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultaron ineficaces.
Así, en 2012, las organizaciones presentaron una petición ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se reclama que por cualquiera de las causas que hayan llevado a la muerte a la señora Ernestina y por la falta de esclarecimiento de los hechos, de identificación y sanción de responsables, el Estado es responsable por la violación en contra de la señora Ernestina de su derecho a condiciones que le permitieran una existencia digna, por discriminación múltiple, y falta de protección judicial ante tales hechos. Asimismo, la petición fue presentada por la violación al derecho a la verdad, protección judicial y garantías judiciales, por parte de las integrantes de las organizaciones que formularon las solicitudes de información pública, así como por el derecho a la verdad de la sociedad en general.
A finales del año 2017, la CIDH admitió el caso, el cual se encuentra ahora en estudio de fondo. En el marco de este estudio, el próximo 4 de diciembre de 2020, se llevará a cabo una audiencia ante la CIDH, con la finalidad de buscar verdad y justicia en el caso.